El Instituto Superior de la Judicatura capacita a 150 aspirantes a abogados en su camino hacia la idoneidad profesional
Un nuevo grupo de 150 graduados de Derecho comenzó recientemente el Programa de Formación para el Ejercicio de la Abogacía, informó la dirección del Instituto Superior de la Judicatura (Isjup) Doctor César Augusto Quintero Correa, encargado de la formación especializada de los servidores judiciales, los aspirantes a ingresar a la carrera judicial, la comunidad jurídica y demás participantes del sistema de administración de justicia.
Este programa busca desarrollar cuatro competencias en los aspirantes a la idoneidad de abogados, las cuales son: implicaciones, para adquirir una perspectiva clara de lo que involucra ser abogado; ubicación, para comprender el impacto del entorno y las instituciones en su desempeño profesional; desarrollar habilidades para gestionar su ejercicio profesional en cumplimiento de las exigencias legales que generen prestigio; y la adecuada aplicación de leyes y normas que regulen su profesión, bajo el análisis de la experiencia.
Los estudiantes recibirán un total de 160 horas de clases presenciales y virtuales. El temario, que se aborda a través de 24 clases, comienza con la presentación de la plataforma educativa por parte de personal del Isjup, en la cual se hallan las clases grabadas, la presentación usada por el docente o facilitador, material de apoyo y referencias normativas.
Desde la implementación de la Ley 350 de 21 de diciembre de 2022, que regula la profesión de la abogacía, cada estudiante graduado de Derecho en las universidades del país, debe culminar este programa y luego aprobar un examen para poder obtener el certificado de idoneidad profesional.
El pasado 23 de marzo, la Sala Cuarta aprobó el Acuerdo n.° 684, que fue publicado en Gaceta Oficial al día siguiente, en el cual se determinan los parámetros del examen que se aplica de forma gratuita y tiene una duración aproximada de dos horas.
El Isjup, brazo académico del Órgano Judicial, entidad reconocida como instituto de tercer nivel de enseñanza superior por el Ministerio de Educación y por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, ante la cual esta última se halla a cargo del eje de investigación, es el encargado de confeccionar el examen, a través de su personal jurídico y técnico, con el material que reposa en la plataforma educativa.
En la prueba se encuentran secciones de cierto y falso, escoger la mejor respuesta y casos prácticos sobre dilemas éticos previamente referidos. Mientras que el trabajo final se vincula a documentos legales analizados durante las clases.
De darse alguna irregularidad, como, por ejemplo, alguna pregunta del examen con error de redacción, o si ocurre alguna falla en el fluido eléctrico o en el servicio de internet al momento de la prueba o de alguna actividad académica, el estudiante puede hacer un reclamo, el cual será atendido y puede hacerse una corrección de nota, luego de analizarse las evidencias extraídas del sistema en que quedan registradas.
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